El presidente de Colombia, Álvaro Uribe decidió destituir a 27 militares acusados por violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno colombiano destituyó a 27 efectivos del Ejército, entre ellos figuran dos comandantes de división, tres comandantes de brigada y dos comandantes de batallón, acusados en casos de violaciones a los derechos humanos vinculados con las desapariciones de personas que después fueron reportadas como fallecidas en combate. Es la mayor purga en las Fuerzas Militares de Colombia que se recuerde y sucede justo cuando grupos de derechos humanos las acusan de perpetrar abusos en medio de la lucha contra guerrilla izquierdista, escuadrones de ultraderecha y narcotráfico.
Las destituciones del personal del Ejercito colombiano se dieron debido a la desaparición de 19 jóvenes de un barrio obrero al sur de Bogotá, que después fueron hallados muertos en el departamento de Norte de Santander, colindante con Venezuela. Los militares confirmaron que las víctimas habían muerto en combates con patrullas del Ejército y que eran parte de grupos armados ilegales, conformados por paramilitares.
El presidente Álvaro Uribe informó que puede existir miembros de las Fuerzas Armadas incluidos en actos de asesinatos y que no se puede permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentarlos y distorsionar la eficacia con el asesinato de inocentes. “Estos hallazgos muestran que en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tiene que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursos en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército”, sostuvo el presidente colombiano.
La destitución de los militares se produjo después de que Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional suspender la ayuda militar a Colombia por las violaciones a los derechos humanos en su territorio. Un informe de un grupo de derechos humanos, reveló que entre enero del 2007 y junio del 2008 se registraron 535 casos de ejecuciones extrajudiciales, mientras que la Procuraduría informó que se realiza 930 investigaciones en donde se encuentran involucrados 2,300 efectivos.
La oposición ha pedido la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos ante este escándalo, debiendo asumir su responsabilidad política. Los analistas comentaron que el presidente Uribe les exige a los comandantes de las Fuerzas Armadas resultados en la ofensiva contra la guerrilla, lo que, según ellos, ha contribuido al aumento de violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales. Colombia hace cuarto décadas afronta el conflicto interno en el que se enfrentan las guerrillas contra los paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado y que han dejado, según Amnistía Internaciones, cerca de 70.000 muertos en los últimos 20 años.
EL HUERTA PERDIDO 